Soluciones que no sirven comentarios

POR: JULIETA MONTAÑO S. | 02/04/2017
Uno de los problemas de salud que más vidas de mujeres cobra diariamente en el mundo es el aborto. Se calcula que anualmente se realizan 46 millones de abortos. De estos, alrededor de 27 millones son legales y 19 millones son ilegales. La mayoría (95 por ciento ) son inseguros y practicados en países en desarrollo.

En América Latina, se estima que se realizan entre 21 y 55 abortos por cada 100 nacidos vivos. Al ser considerado un delito en casi la totalidad de los países del continente, con algunos supuestos de impunidad como el peligro de vida para la madre o que el embarazo fuera producto de violación, los riesgos a los que se someten las mujeres, particularmente las de escasos recursos y de las zonas rurales, son la muerte o la destrucción de su capacidad reproductiva por las complicaciones provocadas por la acción de personas no preparadas para realizar abortos seguros y por las condiciones insalubres de los lugares donde se realizan.

En Bolivia, la tasa de muerte materna asciende a 420 por 100.000 nacidos vivos. La práctica del aborto se halla criminalizada aun cuando se prevén causales de impunidad como que el embarazo sea producto de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro, incesto y cuando constituya un peligro para la vida o la salud de la mujer. Las restricciones legales y administrativas obstaculizan el acceso a un aborto seguro y no han servido para inhibir la decisión de ninguna mujer que se halle dispuesta a interrumpir un embarazo no deseado, pero sí contribuyen al incremento de las cifras de muerte materna.

La propuesta planteada en el proyecto de Código Penal boliviano, sumando a los supuestos de impunidad la pobreza de la mujer que solicita o que sea estudiante, es una solución que no resuelve nada, solo profundiza las diferencias sociales entre mujeres desde un enfoque marcadamente discriminador.

Encarar con seriedad el aborto sería tratarlo como un problema de salud pública y de derechos humanos, dejando de lado esa tendencia punitivista que hace que se mantenga en el Código Penal. La penalización aumenta el peligro de muerte para las mujeres que, empujadas por las circunstancias, se someten y someterán a intervenciones de gente inescrupulosa que ha encontrado en la desesperación una fuente de ingresos. Lo sensato es que las autoridades del Estado, poniéndose por encima de los intereses de grupos religiosos, desde la condición de Estado laico adopten decisiones producto de una adecuada lectura de la realidad y para garantizar la salud y condiciones de vida digna para las mujeres.

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